El Universal/ Fanny Ruiz y Cinthya Sánchez

Antros los confrontan

Comenzó el 21 de junio pasado, cuando dos funcionarios de la delegación Tlalpan fueron detenidos intentando extorsionar a los dueños de La Parranda, un antro ubicado en la esquina de División del Norte y Acoxpa, en Prado Coapa. Los servidores públicos exigían a los empresarios 45 mil pesos para evitar el cierre de la cantina-rodeo.

Los funcionarios fueron detenidos en el restaurante Pancita Huipulco y, por la noche de ese mismo viernes, la delegación montó un operativo con el objetivo de revisar que los antros cumplieran con los requerimientos legales. Los dueños de los establecimientos dicen que durante esa noche se les advirtió que los clausurarían si se negaban a pagar la “cuota extralegal” que exige la delegación.

El asunto provocó que 10 dueños de antros presentaran denuncias ante la PGJDF por presunto intento de extorsión por parte de autoridades de la delegación. Además, los empresarios han exigido la renuncia de la delegada pe rredista en Tlalpan, Maricela Contreras Julián, así como la del director general Jurídico y de Gobierno.

Consultados por este diario, los dueños de los antros de avenida Acoxpa dijeron ser extorsionados por autoridades delegacionales, quienes les han exigido dinero —de enero a la fecha— a cambio de no retirarles la licencia y cerrarles el lugar.

De la extorsión no se ha salvado nadie: unos 30 establecimientos se encuentran en la avenida Acoxpa y todos dicen haber pagado alrededor de tres millones de pesos a un presunto funcionario de la delegación, quien, aseguran, se presenta como el representante de la demarcación.

Fue en enero de este año cuando el ahora detenido, Armando García Benhumea, citó por primera vez a un grupo de dueños de antros en un Sanboms de la zona para decirles que tenían que recuperar los gastos de campaña de la delegada y que a partir de ahora cobrarían 500 pesos mensuales por metro cuadrado.

“Llegó en un Tsuru rotulado con sellos de la delegación, tenía un gafete que lo acreditaba como secretario particular del director general Jurídico y de Gobierno de la demarcación, Gustavo Roque López.

Para Maricela Contreras, los “antreros” se hacen las víctimas: “Sus denuncias son una reacción muy violenta, porque la procuraduría hizo un operativo. Hay un golpeteo permanente hacia nosotros y se ponen como víctimas (los dueños de antros), cuando las víctimas son los vecinos que aguantan las molestias de tener un antro en sus colonias”, afirmó. Agrega que los antreros han presentado videos como prueba de la extorsión, pero “para mi esos videos no dicen nada. Esperaremos el proceso judicial”.

Asegura que el director General Jurídico y de Gobierno de la demarcación sigue en su puesto: “Para nosotros la estabilidad de la delegación es importante, los antros sólo son una parte y el licenciado Roque sigue en mi equipo”.

Otro empresario dice a EL UNIVERSAL que es imposible que la delegada no se entere de cómo operan sus funcionarios: “Ahora que están puestas 10 denuncias ha habido la intención por parte de los demandados de acercarse para que retiremos la denuncia. A cambio ofrecen retiramos los sellos de los antros clausurados o bien dejamos trabajar, pero nosotros lo que buscamos es la destitución de los funcionarios”, concluye.

Javier Matamoros, abogado de un grupo de 20 empresarios de Acoxpa, afirma que Armando García Benhumea fue consignado en el Reclusorio Sur. Reconoce que los empresarios se están animando a actuar en contra de las autoridades delegacionales, porque éstas los extorsionaban al mismo tiempo que pedían al Instituto de Verificación Administrativa (Invea) revisar los establecimientos.

Meyer Klip Gervitz, presidente del instituto, dice que el 8 de febrero se le informó a las autoridades delegacionales que ya se habían realizado las verificaciones y que se determinó la clausura de 15 de ellos por violar normas de uso de suelo.

“De los 37 antros que se solicitó se verificaran se suspendieron 15 que realmente violaban la ley. De los otros 22 no se acreditó que violaran la ley y normas de uso de suelo, que es la única razón por la que podemos suspender un establecimiento mercantil”, explica Klip Gervitz.

Para la delegada en Tlalpan, el Invea no ha cumplido con su trabajo: “Mi gobierno ha dado todos los elementos al Invea para el cierre de estos antros, pero ante la negativa, busqué la intervención de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a efecto que dentro de su ámbito de competencia, evalúe las pruebas exhibidas por el Invea para dar validez al uso de suelo con el que operan los establecimientos de alto impacto; requiriera al Invea la clausura inmediata de los que operan en forma irregular y finque las responsabilidades en caso de omisión por parte del personal del Invea” dice.

La exigencia por parte de las autoridades de la delegación Tlalpan se llevó a cabo aún cuando ellos también tienen la capacidad de retirar las licencias de funcionamiento y realizar verificaciones bajo la s Ley de Establecimientos Mercantiles y de Protección Civil. El funcionario capitalino ratifico que si hubieran querido clausurar el resto de los establecimientos podrían haberlo hecho bajo estos procedimientos administrativos sin depender directamente de los operativos del Invea.

Para Maricela Contreras, los empresarios “se ponen en calidad de víctimas simplemente porque les estamos pidiendo que se ordenen, que tengan su uso de suelo, que tengan sus permisos, que tenga protección civil, que no cierren a deshoras, y el Invea queda a salvo de todos los conflictos sociales que originan los antros, porque los vecinos con quienes se quejan es con nosotros no con ellos”, dice la delegada en Tlalpan.

 

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