Reforma / Alberto Acosta

Entre las iniciativas que contemplan está la Ley de Servicios Urbanos y de Servicio de la Ciudad, mediante la que pretenden reforzar la coordinación y colaboración entre el Gobierno central y delegaciones.

Además, esta legislación buscará establecer instrumentos de financiamiento a largo plazo que garanticen recursos para infraestructura, particularmente hidráulica.

También prevén sustituir la Ley de Desarrollo Urbano por una que además armonice este desarrollo con ecología y movilidad, priorizando el suelo de conservación.

Otro plan de los perredistas es reformar la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para convertirla en una defensora de los ciudadanos que incluya la figura de un ombudsman en material territorial que pueda sancionar.

En ese mismo tema, prevén derogar el Artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano -utilizado para solicitar cambios de uso de suelo- en tanto no se actualice el marco normativo de la materia.

“Defender el predio del aeropuerto, como parte del patrimonio de la Ciudad y trabajar de manera conjunta con la ciudadanía y el GDF para definir una estrategia común a favor del desarrollo integral del oriente capitalino”, explicó uno de los nuevos legisladores, Víctor Romo.

El grupo también propuso modificar la Norma 26 para establecer mejores mecanismos de control y transparencia que inhiban el mal uso que se la ha dado, es decir, que desarrolladoras “disfracen” construcciones de lujo, tramitándolas como de interés social.

Sobre austeridad, los perredistas plantearon que se realice un diagnóstico de gasto eficiente tanto para la Asamblea como para el Gobierno capitalino.

Los perredistas dijeron que buscarán ampliar el número de sesiones de trabajo del Pleno de la Asamblea y la duración de la mesa directiva.

El grupo explicó que crearán el consejo de disciplina parlamentaria para vigilar y sancionar incumplimiento legislativo.

Sobre corrupción y rendición de cuentas, la bancada amarilla propondrá crear la Fiscalía Anticorrupción para sancionar el tráfico de influencias y anomalías en la evolución patrimonial, contratos y licitaciones, por ejemplo.

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