Centro ProDH / Simón Hernández

El Halconazo de 1971 y el sentido histórico del movimiento estudiantil

A 42 años del Halconazo, el estudiantado mantiene una condición de sujeto político. El 10 de junio de 1971 las heridas por la represión al movimiento del 68 seguían abiertas. Los estudiantes Politécnicos y de la UNAM salían ?nuevamente? a las plazas, después de tres años de ausencia en las calles, a una marcha para respaldar a las y los estudiantes que enfrentaban la imposición de una Ley Orgánica para la Universidad Autónoma de Nuevo León y demandaban mayor inclusión de maestros y estudiantes.

Democratización la enseñanza, la inclusión de sectores históricamente marginados en el acceso a la educación como campesinos y trabajadores, aumento del presupuesto y libertades políticas y democráticas a un régimen cerrado, monolítico y autoritario. Por ello, la represión que existió como respuesta no fue sino la expresión y consecuencia de la configuración del sistema político de ese tiempo.

En el Halconazo existió una operación coordinada y la colusión de distintas instancias de gobierno tendientes a generar terror y reprimir a los estudiantes. El grupo de corte paramilitar conocido como “los halcones” realizó actos que afectaron el derecho a la vida, libertad e integridad personal, reunión pacífica y libertad de expresión de los manifestantes; cometieron asesinatos, detenciones, encarcelamiento y desaparición forzada de personas en hechos que hasta la fecha no han sido esclarecidos ni establecidas las responsabilidades de los autores.

Hasta la fecha existe una responsabilidad de Estado en la creación, entrenamiento y utilización de este grupo, en la falta de investigación y su correlato de encubrimiento, en el aliento a la impunidad con el desempeño de la FEMOSSP y en la falta de verdad sobre el número e identidad de las víctimas.

Los hechos del 10 de junio de 1971 son una afrenta presente y viva para la sociedad mexicana. Tanto en las administraciones del PRI como partido de Estado, como en los dos sexenios de gobiernos del PAN, ha existido una determinación de Estado tendiente a deformar la historia y obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia. El derecho fundamental a la verdad sigue siendo una deuda política e histórica del Estado mexicano con las víctimas.

Imágenes: Revista ¿Por qué?

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