Maricela Contreras urge a GDF y ALDF a instalar en conjunto la Comisión de Regulación Especial de Asentamientos Humanos en Tlalpan

  • La Jefa Delegacional comentó que este instrumento permitirá elaborar el diagnóstico de los asentamientos humanos irregulares, así como su contención
  • Informó que la Delegación propondrá al gobierno capitalino presentar las denuncias correspondientes por daño ambiental en contra de los líderes que ya están identificados

Al negar categóricamente ser promotora de invasiones en suelo de conservación ecológica, la Jefa Delegacional en Tlalpan, Maricela Contreras Julián, urgió a las secretarías capitalinas de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y del Medio Ambiente (SEDEMA), así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) a instalar conjuntamente la Comisión de Regulación Especial de Asentamientos Humanos de la Delegación, para realizar estudios, diagnósticos y un plan de contención de los más de 192 asentamientos humanos irregulares que hay en la jurisdicción.

Asimismo, declaró que su administración está a favor del rescate del suelo de conservación ecológica, que en Tlalpan suman más de 25 mil hectáreas, y aseguró que los operativos realizados por el Gobierno del Distrito Federal para retirar asentamientos irregulares están dentro del marco legal.

Destacó que como diputada local, en la V legislatura, promovió y aprobó la creación de la Comisión de Regulación de Asentamientos Humanos, que está incluida en el Programa de Desarrollo Urbano de Tlalpan, y que por tanto debió haber sido instalada por la anterior administración delegacional, lo cual no se llevó a cabo.

En este sentido, dijo que al asumir su cargo como Jefa Delegacional convocó a SEDUVI, SEDEMA y ALDF a poner en operación dicha comisión y elaborar sus reglas de operación, sin embargo no ha sido posible, porque no se estuvo de acuerdo con algunos de los lineamientos que propuso la demarcación, por lo que está en espera de esas observaciones.

Asimismo, desde el 15 de octubre pasado, giró una circular a las y los directores generales de la Delegación para que no se proporcionara ningún servicio en los asentamientos irregulares.

Maricela Contreras aclaró que su gobierno es el primero en defender el suelo de conservación que hay en Tlalpan y fue su administración la que solicitó al Gobierno del Distrito Federal realizar el reciente operativo en el área del Ajusco, debido a que las viviendas ocupaban zona de reserva ecológica.

“El Gobierno Delegacional presentó la estrategia y el diagnóstico de la problemática, incluso se preparó el operativo y se hicieron sobre vuelos en la zona para dimensional la afectación. Ese asentamiento ha crecido en administraciones anteriores, ha sido un problema heredado y no se había actuado para detenerlo”, añadió.

Asimismo, aseguró que su administración solicitó a la Comisión Federal de Electricidad el retiro de postes que suministraban luz en dicho asentamiento y agregó que la Delegación no firma convenios con este organismo, si no la Secretaría de Gobierno.

Informó que la Delegación propondrá al Gobierno del Distrito Federal presentar las denuncias correspondientes por daño ambiental en contra de los líderes que ya están identificados como promotores de estos asentamientos irregulares.

Luego de realizado este operativo en la zona de Zorros-Solidaridad, consideró que una acción importante para la contención de las invasiones y el crecimiento de los asentamientos, será impulsar la construcción de un muro sobre el polígono del área Natural Protegida, así como brindar protección por parte de la federación, gobierno capitalino y Delegación, ya que se trata de un asunto de seguridad para el Distrito Federal, por la importancia ambiental que representa.

“Hay una decisión firme de este gobierno para no permitir las invasiones al suelo de conservación, muestra es el operativo del 8 de febrero pasado, donde se recuperaron 5 hectáreas de área natural en el predio denominado Ocotla, ubicado en San Miguel Topilejo”, manifestó.

Finalmente, apuntó que las acciones en zona de conservación y áreas naturales protegidas tienen que ser contundentes por parte de los gobiernos, ya que eso garantiza una seguridad para la ciudad y las futuras generaciones,  “con este tema de la revolución verde se tiene que considerar el pago de bonos ambientales a los comuneros y ejidatarios, para que ellos también vean una utilidad en proteger, no vender y no permitir que  haya invasiones en sus comunidades.

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