La Razón / Carlos Jiménez

2 de junio de 2015 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) inició una investigación penal en contra de Marcelo Ebrard, exjefe de Gobierno capitalino, por las fallas que llevaron al cierre de la Línea 12 del Metro, luego de que fue presentada una denuncia apoyada por más de 65 mil habitantes de Tláhuac.

 

La acusación fue entregada ayer en la dependencia que encabeza Rodolfo Ríos y en los próximos días se determinará si será turnada a la Fiscalía para Asuntos Especiales o a la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en donde deberá ser ratificada.

 

Fue el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a diputado federal por el Distrito 27 en Tláhuac, Crescencio Morales Ávila, quien presentó la denuncia penal en contra de Ebrard Casaubón.

 

El representante del partido del sol azteca explicó que durante los últimos dos meses se han acercado a él alrededor de 65 mil habitantes de esa demarcación para exponerle los problemas que les han causado la edificación y el posterior cierre de la Línea 12 del Metro.

 

Cada uno de ellos firmó la denuncia para pedir a la Procuraduría capitalina que finque cargos al ex mandatario de la ciudad.

 

Entre ellos, dijo, hay 25 ejidatarios que, según detalló el aspirante, le pidieron su ayuda, pues aseguran que no les han pagado los terrenos que vendieron para que se construyeran las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

 

A decir del candidato, tras hacer un análisis de las quejas de los vecinos, junto con un grupo de abogados, consideraron que Ebrard Causabón cometió una serie de ilícitos que deben ser castigados por las autoridades.

 

“Suponemos nosotros que (los delitos que cometió) son tráfico de influencias, abuso de autoridad, daño patrimonial y ambiental, enriquecimiento; elementos de delito sí hay”, expresó Morales Ávila.

 

El aspirante y también habitante de Tláhuac comentó que entre las irregularidades que hallaron sus abogados se encuentra el aumento en el precio de construcción, el cual debió ser de 15 mil millones de pesos y finalmente fue de 25 mil millones, así como la afectación a diversos ejidatarios de Tláhuac.

 

Otro de los argumentos que expuso ante el Ministerio Público tiene que ver con el daño ambiental que ocasionó la construcción de la Línea 12, pues se contaminaron las tierras de algunos ejidatarios.

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