Más por Más / Marcela Nochebuena. P 18

Vecinos se unen; piden fin a obras irregulares

Construir más pisos de los autorizados, en lugares donde los condominios no están permitidos, usar normas de vivienda de interés social para beneficiar edificios de lujo o destruir casas con valor patrimonial para erigir departamentos son violaciones que capitalinos de todas las delegaciones han denunciado durante, al menos, los últimos ocho años. 

Hoy su queja llegará a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, luego de que han sido ignorados por la Asamblea Legislativa, a la cual le entregaron seis documentos el pasado 6 de febrero con diferentes propuestas para combatir a las construcciones que violan la ley, sin obtener respuesta, de acuerdo con Josefina McGregor, del Patronato de San Ángel, en la Álvaro Obregón. 

La petición principal a la CDHDF, detalló, será que se haga una investigación integral de la corrupción en el sector de desarrollo urbano en la ciudad. 

En los textos entregados hace 5 meses, de los que Más Por Más tiene copia, se abordan distintos aspectos: la contradicción de las leyes respecto a las atribuciones de cada autoridad, la falta de reglamentos, los cambios que se podrían hacer tanto a la Ley de Desarrollo Urbano como a normas particulares como la 26, mediante la que constructores han aprovechado los beneficios inicialmente destinados a la vivienda de interés popular para erigir departamentos de lujo. 

De acuerdo con los ciudadanos que tendrán audiencia pública hoy en la CDHDF, primero se tendrían que devolver las atribuciones para otorgar licencias de construcción a las delegaciones -hoy son sólo manifestaciones, es decir, el propietario avisa sobre la obra que iniciará-.

Además, dicen, en la Ley de Desarrollo Urbano, hay una falta de reglamento, poca claridad de los instrumentos de desarrollo, posibilidad de modificar usos de suelo fuera de la norma, discrecionalidad para predios y programas particulares y falta de consideración de aspectos de sustentabilidad, es decir, el mapa de riesgos del DF y los efectos que los grandes desarrollos pueden tener en la zona, así como la permisividad para cambiar el uso de suelo de inmuebles afectos al patrimonio urbano. 

Como soluciones para la Norma 26, los colonos proponen aplicarla únicamente en zonas donde el precio del terreno haga posible y sustentable el proyecto y que la calidad del subsuelo se tome en cuenta para determinar alturas. 

En el caso de la Ley de Desarrollo Urbano, proponen ampliar las facultades del delegado para que dictamine las modificaciones que soliciten los particulares, y que además sea el único responsable para recibir, revisar y sancionar manifestaciones de construcción; derogar el artículo 41 y 42 -que permiten cambios al uso de suelo-, una sola autoridad responsable de autorizar y verificar que se cumpla la norma, lo que implicaría desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa y aumentar las facultades de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para sancionar. 

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